El propietario del establecimiento argumentó que ejecutó las tareas de bacheo de forma independiente tras un año de gestiones comerciales y reclamos sin respuestas ante las autoridades de la traza para garantizar la transitabilidad del acceso.
La postura del empresario: Afirma que los arreglos mejoraron sustancialmente la estética y la seguridad vial de la zona, calificando de "insólita" la orden de tener que volver a romper el pavimento ya consolidado.
La postura de Vialidad Nacional: El organismo ratificó que las obras sin autorización en jurisdicciones federales violan las normativas de seguridad vial y técnica vigentes, por lo que se exige la restitución inmediata del terreno en un plazo de 10 días para resguardar legalmente a los usuarios.
El caso abrió un fuerte debate en la región sobre la eficiencia de los entes reguladores en el mantenimiento de las vías de comunicación terrestres de Funes y los límites de la intervención privada en el espacio público.
