Condena social y límites legales: habló el director del Colegio María Auxiliadora tras el ataque en manada

La comunidad de Funes se encuentra conmocionada tras el violento episodio de agresión grupal que sufrió un alumno del tercer año del Colegio María Auxiliadora la semana pasada. Las voces de familiares y vecinos no tardaron en exigir la expulsión de los involucrados, pero desde la propia institución señalan que la ley garantiza el derecho a la educación de los menores y que la máxima sanción administrativa posible es la suspensión temporal.

El director del nivel secundario, Alberto Vicente, dialogó sobre la respuesta institucional: “Desde el primer minuto acompañamos a la familia y trabajamos intensamente para esclarecer lo sucedido. Sabemos la gravedad del hecho y no lo minimizamos”. Vicente informó que rápidamente se realizaron entrevistas con los alumnos, algunos denunciados por sus propios compañeros, y se identificó a tres agresores que recibieron una suspensión por una semana. En total, se entrevistó a 25 estudiantes y se elaboró una lista de ocho posibles responsables.

Las reuniones se extendieron también a los padres de la víctima, Luciano, quienes recibieron detalles del proceso. Además, se dio aviso a la supervisión educativa provincial para coordinar medidas que garanticen el bienestar tanto de Luciano como del resto de los alumnos.

Ante el reclamo por una sanción más severa, Vicente aclaró: “Son chicos que cometieron un error grave, pero están en proceso de educación. No tenemos el poder de expulsión porque la ley no lo permite; son menores y tienen derecho a ser educados. Solo una instancia judicial podría decidir algo distinto, y esa denuncia ya fue presentada por la familia. Ahora está en manos del juez”.

El directivo también se refirió a las pintadas que aparecieron en la vereda de la escuela durante la mañana del martes: “No condonamos el acto ocurrido, pero tampoco las expresiones violentas. Nuestro objetivo es sostener el diálogo y encontrar respuestas justas, con las herramientas que ofrece la ley”.

En este contexto, el caso genera debate en toda la ciudad sobre los alcances legales y sociales de las sanciones en el ámbito escolar, así como sobre el rol de la institución y la comunidad ante episodios de violencia entre jóvenes.